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LA ANTINOMIA ELECTORAL: A PROPÓSITO DE LA INHABILIDAD DEL ALCALDE DE GALAPA

Suele decirse que existe una antinomia en aquella situación en la que se encuentran dos normas, cuando una de ellas obliga y la otra prohíbe, o cuando una obliga y la otra permite, o cuando una prohíbe y la otra permite un mismo comportamiento
José Fernando Vargas

Por:

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Por: Mario Felipe Daza Perez

"Por efecto de la ley especial, la ley general pierde vigencia parcialmente”

Norberto Bobbio

Guastini (2011) conoce perfectamente que el sistema jurídico contiene normas mutables, es decir, dinámicas (diacrónica) entendidas como una secuencia conjunta. (p. 98). De hecho, escribir sobre el ordenamiento jurídico designa de por sí una ambigüedad; de allí que describa sobre la coherencia y la consistencia del derecho, como criterios que presuponen interpretación de textos en la que podrían identificarse antinomias como forma de resolución; pero también como de creación.

Entendemos por antinomia o contradicción normativa cuando dentro de un mismo sistema jurídico se imputan consecuencias incompatibles a las mismas condiciones fácticas, cuando en presencia de un cierto comportamiento o situación de hecho encontramos diferentes orientaciones que no pueden observarse simultáneamente. Por ejemplo, una norma prohíbe lo que otra manda, o permite no hacer lo que otra ordena, etc. (Prieto Sanchís, 2002).

En la Sentencia C-318 de 2007 de la Corte Constitucional, expresa que dentro de los criterios para solucionar antinomias, los principios generales del derecho han establecido los análisis de: lex posterior, lex superior, lex especial, favorabilidad (principalmente en materia penal, laboral y en normas de orden público como las de familia, entre otras), aplicación de principios generales, entre otros.” (ver, sentencias sobre el tema de las antinomias: C-444 de 1995 y C-1287 de 2001).

Suele decirse que existe una antinomia en aquella situación en la que se encuentran dos normas, cuando una de ellas obliga y la otra prohíbe, o cuando una obliga y la otra permite, o cuando una prohíbe y la otra permite un mismo comportamiento (Bobbio, p. 188). En el contexto colombiano, la Ley 153 de 1887, en su artículo 3 estima insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería. La antinomia por tanto debe ser solucionada, con aplicación de los criterios hermenéuticos establecidos en esta ley.

En el plano del criterio especial se comprende entonces que la ley debe prevalecer sobre la general porque aquella representa un momento que no se puede eliminar en el desarrollo de un ordenamiento. Bloquear la ley especial ante la ley general sería bloquear ese desarrollo. La situación de antinomia creada por la relación entre una ley general y una ley especial corresponde al tipo de antinomia total-parcial. Esto significa que cuando se aplica el criterio de la lex specialis no hay lugar a eliminar totalmente una de las dos normas incompatibles, sino sólo aquella parte de la ley general que es incompatible con la ley especial. Por efecto de la ley especial, la ley general pierde vigencia parcialmente. (Gil Botero, 2014).

El sentido del criterio de especialidad es hacer posible la aplicación de normativas singulares a grupos sociales diferenciados, permitir que determinados sectores no se rijan por el patrón general, hablándoles una regulación específica que se adapte en mayor medida a sus necesidades. Como expresa Bobbio: "El paso de una regla más amplia (que abarca cierto genus) a una regla derogatoria menos amplia (que abarca una species delgenus) corresponde a una exigencia fundamental de justicia, entendida como igual tratamiento a las personas que pertenecen a una misma categoría”. (Henríquez Viñas, 2013).

La jurisprudencia del Consejo de Estado adoptó el criterio de especialidad para darle solución a la tensión normativa suscitada entre el artículo 180 numeral 6 y el artículo 243 del CPACA, y con ello fijó una regla de solución de antinomias de la nueva codificación, en la que se prefiere la norma especial respecto de la general incluso por encima del criterio cronológico. (Gil Botero, 2014)

Del caso en concreto:

El Alcalde de Galapa: José Fernando Vargas, fue declarado inhábil por haberse tomado el precepto del artículo 95 (general) y no el 95.4 (especial) de la Ley 136 de 1994, es decir desde el ámbito de la inscripción (punto 1) que es la generalidad, no de la elección (punto 2), que es de la especialidad, en el que reza lo siguiente:

Punto 1. “No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital” (precepto general):

Punto 2. “Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio” (precepto especial).

Tenemos que las sanciones (inhabilidades, incompatibilidades…) deban ser consideradas restrictivas por su naturaleza. Por tanto se debe tomar como tesis garantista el principio de legalidad, sin entrar a desdibujar el principio a favor rei, del sancionado, en caso de interpretación esta debe ser benigna, no en contra. La cuestión varía cuando una norma se declara abiertamente contradictoria, como cuando dice que haga o no haga, en este caso, cuando expresa que se declare la nulidad a partir de la inscripción (general), cuando su contenido literalmente expresa que es desde la elección (especial). Los criterios para resolver antinomias no solo están descritos en la leyes colombianas, recordemos la Ley 153 de 1887 lo describe también los criterios aplicadores generales del derecho, en la situación que una norma específica, especial se refiere al punto de inhabilidad.

Para Comanducci (2011) no hay interpretación en el sentido jurídico de los casos que se deban adscribir un significado a un documento; sino solo cuando surjan dudas o contrastes acerca de cuál es el significado que ha de adscribirse al mismo. Normalmente se presenta esta situación en el ámbito jurídico cuando no hay consenso universal acerca de cuál sea el significado correcto que hay que atribuir a un documento normativo. Cuando por ejemplo, dos jueces interpretan (en la acepción semántica) la misma disposición de una ley de distinta manera, se dice que tal disposición necesita ser interpretada (en la acepción jurídica). Puede ocurrir que se haya considerado clara una disposición, esto es, que se haya considerado que no requiere interpretación (acepción jurídica), hasta que alguien la intérprete (en la acepción semántica) de manera distinta. Así, una disposición puede parecer clara en una primera lectura pero puede suceder que requiera una interpretación (en la acepción jurídica).

Para Guastini (2011) habría dos tipos de antinomia en el caso sub judice, según su clasificación y son:  

Antinomias en concreto (contingentes): frecuentemente se presentan, cuando dos consecuencias jurídicas se contrarían sobre un mismo supuesto de hecho y no a varios. Presupone por sí una antinomia en abstracto, como cuando una norma permite y una prohibe, pero, una tercera norma permite y prohíbe al mismo tiempo. Por ejemplo, como cuando X ley dice que debemos entrar a una biblioteca callado, y otra norma Y alega que debemos gritar cuando alguien necesite ayuda, y pues el supuesto seria si: "alguien necesitara ayuda en una biblioteca".

Antinomias parciales unilaterales: cuando se contradice parcialmente, una norma que prohíbe aplicar la eutanasia de todo tipo, pero otra que lo permite solo para la activa (que es una clase) pero que la prohíbe para otros tipos de no eutanasia permitida, como el homicidio piadoso o pasiva.

Por otro lado para Ross, sería:

Total-parcial: en caso tal puede que no resulte una contradicción en sí (sino una especialidad) como cuando sucede que se prohíbe tal acto, pero que haya excepciones también o permiso para conseguir tal acto, es decir, está prohibido las drogas, digamos, pero se puede consumir cuando se refieren a cuestiones medicinales. Pues bien hay una contradicción (en teoría) porque una prohíbe y otra permite, pero no, porque se parte de la misma validez sino que cambia en unos aspectos, dejando incólume su parte general (ver, Sobre el derecho y la justicia).

En conclusión, hay una validez sobre la validez de la norma, de una general sobre otra particular, que sería la: «especial», según Barbarosch (s.f), cuando el precepto del artículo 95 se contradice a sí mismo, pero que en todo caso, se debe preferir el especial, asi sea de la misma norma, ya que se trata de semejante materia. Si dice “inscripción”, pero también se refiere a “elección” de forma específica, se debe tomar la restrictiva, no la extensiva, esta ultima fue lo que pretendió el Tribunal Administrativo del Atlántico en su sentencia, dejando por fuera sus "autoprecedentes", derivado de su propia torpeza; por tanto estaríamos ante una antinomia electoral.

Referencias

Barbarosch, E. (s.f). El concepto de validez en Alf Ross. Academia. Recuperado de: https://www.academia.edu/4279846/El_concepto_de_validez_jur%C3%ADdica_en_Alf_Ross?auto=download

Bobbio, N. (1997). Teoría General del Derecho, Bogotá: Temis.

Comanducci, P. (2011). La interpretación jurídica. En Ferrer Beltrán, J., y Battista Ratti, G. (Coord.), Realismo jurídico genovés. (pp. 52-70). Madrid, España: Marcial Pons.

Consejo de Estado. (2014). Sentencia del 4 de marzo, sección tercera. Rad. Radicación número: 11001-03-26-000-2013-00094-01-47831). CP. Gil Botero.

Consejo de Estado. (2014). Auto del 31 de julio, sección tercera. Rad. 54001-23-33-000-2012-00183-01-49106). CP. Gil Botero.

Corte Constitucional. (2007). Sentencia C-318. MP. Sierra Porto

Guastini, R. (2011). Contribución a la teoría del ordenamiento jurídico. En Ferrer Beltrán, J., y Battista Ratti, G. (Coord.), Realismo jurídico genovés. (pp. 81-116). Madrid, España: Marcial Pons.

Prieto Sanchís. L (2002). Observaciones sobre las antinomias y el criterio de ponderación. Cuadernos de Derecho Público, e altresì nella Revista de Ciencias Sociales de Valparaíso (Chile).

Viñas Henríquez, M (2013). Los jueces y la resolución de antinomias desde la perspectiva de las fuentes del derecho constitucional chileno. Recuperado de: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002013000...

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