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La Corte Constitucional advirtió que las "URI" y las estaciones de policía no tienen la capacidad para albergar en condiciones dignas a la población que allí es trasladada

La privación de la libertad de los condenados debe atender a una finalidad resocializadora y preventiva adicional, y por tanto habrá de realizarse pensando en proyectar los resultados de ese aislamiento temporal
Palacio de justicia

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En forma reciente la Corte Constitucional se pronunció respecto a las personas detenidas en Unidades de Reacción Inmediata y estaciones de policía y advirtió que estos lugares no tienen la capacidad para albergar en condiciones dignas a la población que allí es trasladada. La Corte Constitucional se pronunció de esta manera en la sentencia T - 151 de 2016, allí, analizó la situación planteada por el Defensor Delegado para la Política Criminal y Penitenciaria quien solicitó el amparo de los derechos fundamentales de las personas recluidas en los centros de detención transitoria de Bogotá.

La Corte afirmó, conforme a su jurisprudencia, "que dentro de los deberes que surgen en cabeza del Estado como contrapartida al ejercicio del legítimo poder punitivo, la jurisprudencia ha resaltado que el respeto por la dignidad humana constituye el pilar central de la relación entre el Estado y la persona privada de la libertad, y es, además, una norma fundamental de aplicación universal, reconocida expresamente por los tratados y convenios de derechos humanos, prevalentes en el orden interno (art. 93, CP) (Ver: sentencia T-702 de 2001). De esta forma, por ejemplo, la jurisprudencia ha precisado que “(…) el derecho a la dignidad humana de los internos, el cual tiene connotación de fundamental y por tanto inherente a la persona humana debe ser respetado no sometiéndoseles a condiciones de hacinamiento (Ver: sentencia T-153 de 1998) y no realizándoseles requisas que por sus características vulneren la dignidad humana del privado de la libertad y se constituyan a su vez en tratos crueles, inhumanos y degradantes, proscritos por la Carta Política (art. 12 Constitución Política).”

Así, la Corte Constitucional ordenó al INPEC, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y a la defensoría del pueblo que tomaran las medidas necesarias para que cesara, de manera inmediata, la vulneración de los derechos fundamentales de las personas detenidas en las Unidades de Reacción Inmediata y estaciones de policía.

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