miércoles 17 de enero de 2018 - Edición: Colombia - Mundo
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Dos razones para ordenar liquidación del Damab por parte del Distrito

“Inviabilidad financiera” e “incumplimiento de objetivos” motivaron la decisión, manifiesta Secretario Jurídico
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Por medio del decreto 0841 del 6 de diciembre de 2016, el alcalde Alejandro Char ordenó la supresión y liquidación del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla, Damab. El secretario Jurídico del Distrito, Jorge Padilla, señaló que fueron dos las causas que provocaron dicha determinación: inviabilidad financiera e incumplimiento de objetivos.

El funcionario expresó que los propósitos ambientales y misionales del establecimiento público “se ven afectados cuando los gobiernos que la desarrollan pierden su foco, no se comprometen con las metas y recurren a gastos innecesarios”. 
Sobre los motivos de la decisión, el gobierno distrital había informado por medio de la resolución emitida que realizó un estudio -a través de la Dirección Distrital de Liquidaciones-, el cual evidenció la inviabilidad financiera del Damab, por lo que “se hace necesaria su liquidación debido al alto costo de funcionamiento y los pasivos de la entidad”.  

En virtud de lo anterior, las funciones de la empresa en liquidación estarán a cargo de Barranquilla Verde, entidad que velará por el cumplimiento del plan de desarrollo en cuanto a esa materia y los planes de acción que esta responda. Padilla indicó que esta “va a entrar con un criterio de eficiencia” respecto a la gestión ambiental y anticipó que habrá una “reducción importante” en el número de empleados.

“Hemos llegado a la conclusión de que, con menos funcionarios y haciendo un manejo eficiente, podemos desarrollar la función que conforme a las leyes estamos obligados a hacer como Distrito”, dijo Padilla.

Objeción de la medida

El presidente del Sindicato de Servidores Públicos del Distrito de Barranquilla, Sinserpudedisba, Antonio Marshall, sostuvo que las agremiaciones sindicales están “en contra” de la actuación del alcalde Char, calificándola de “ilegal”. Criticó que en lugar de “fortalecerla” el mandatario haya optado por liquidarla.

En su opinión, la inviabilidad financiera y el incumplimiento de objetivos a los que alude el Distrito “no son ciertos” y replicó que Char “no puede hablar de insolvencia cuando la entidad genera rentabilidad social a la comunidad”. Agregó que “le quitaron las rentas y lo ahogaron financieramente”.

Marshall enfatizó que el Damab “no podía cumplir sus objetivos si no recibía los recursos que, por ley, le correspondían para financiar esas responsabilidades”. De igual forma, vaticinó que la nueva entidad -con 28 funcionarios de planta- “no podrá resolver” la situación ambiental de la capital atlanticense.

Funciones de la entidad 

Entre las funciones de Barranquilla Verde sobresalen el diseño, formulación y ejecución de estrategias que fomenten el mejoramiento ambiental de los recursos renovables en la capital atlanticense. De igual manera, la empresa tendrá que coordinar el proceso de preparación de planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que formulen los diferentes organismos y entidades integrales del Sistema Nacional Ambiental, Sina.

El nuevo establecimiento, creado por el mandatario mediante decreto 0842 del 6 de diciembre de 2016, deberá celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, así como con similares públicas y privadas. También deberá otorgar permisos y concesiones para el aprovechamiento forestal y el uso de aguas subterráneas y superficiales. 

​Ejercerá funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos de agua, suelo y aire y demás recursos renovables. También deberá recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto de usos y aprovechamiento de los recursos renovables.

​Otro de sus propósitos le apuntará a fijar en el área de su jurisdicción los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos renovables. Asimismo, deberá restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental.

De acuerdo con el documento expedido por la Alcaldía, está llamada a asesorar al Distrito en la elaboración de proyectos ambientales que deban desarrollarse con recursos provenientes del Fondo y/o Sistema de Participación de Regalías o con otros de destinación semejante. Igualmente, apoyará al Concejo Distrital en las funciones de planificación ambiental que les otorga la Constitución Nacional.

​Adicionalmente, la nueva entidad promoverá el uso y reconversión a tecnologías y prácticas limpias que permitan la reducción de los impactos generados por procesos productivos.

La estructura administrativa de la nueva entidad está compuesta por el Consejo Directivo, Director, Subdirección de Gestión Ambiental, Subdirección Administrativa y Financiera, Oficina Jurídica y órganos de asesoría.

La Subdirección de Gestión Ambiental está integrada por tres grupos, que son: Inspección, Vigilancia y Control; Recursos Naturales y Proyectos Ambientales. Por su parte, la Subdirección Administrativa y Financiera está conformada por los grupos Administrativo y de Talento Humano y Financiero. Tendrá dos asesores, de Control Interno y Planeación.

Los recursos y el patrimonio del establecimiento público ambiental estarán constituidos por los ingresos corrientes de la entidad, que están conformados por ingresos no tributarios, dentro de los que se encuentran transferencias del sector eléctrico, autogeneradores, tasa por utilización de aguas, multas, el 50% de las tasas retributivas causadas dentro del perímetro urbano de Barranquilla, los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, permisos y autorizaciones y transferencias distritales.

También están incluidos otros ingresos no tributarios, como permisos de tala y podas, los provenientes de la venta de servicios, ejecución de convenios, transferencias de entidades públicas y bienes o rentas que destinen entidades públicas o privadas a cualquier título.

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