miércoles 17 de enero de 2018 - Edición: Colombia - Mundo
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Fiscalía avanza en interrogatorios por caso Electricaribe

Dos exdirectivos y tres exalcaldes fueron citados desde diciembre. Ya se han presentado ante la Autoridad el ex gerente operativo de la empresa y un exalcalde de Chinú.
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A través de la Dirección Nacional Anticorrupción, la Fiscalía General citó desde diciembre pasado a interrogatorio a dos exdirectivos de Electricaribe y tres exalcaldes de municipios de la Costa Caribe, para que rindieran cuenta sobre la inversión de recursos públicos, así como el manejo de las finanzas de la empresa. 

Aunque el fiscal general Néstor Humberto Martínez señaló recientemente que no se darían mayores detalles sobre la investigación que se abrió, se ha conocido que las citaciones se enviaron directamente a José García Sanleandro, exgerente de Electricaribe, y Benjamín Augusto Payares, exgerente operativo de la empresa. 

Payares ya presentó descargos ante la Fiscalía el pasado 17 de febrero, mientras que en el caso de García Sanleandro “aún no se ha definido la fecha”.

El exgerente que estuvo en el cargo hasta noviembre del año pasado, cuando la Superintendencia de Servicios Públicos anunció la intervención de Electricaribe, actualmente trabaja con una filial de Gas Natural Fenosa (GNF) en Lima, Perú. 

Hay que recordar que la española tiene 85% de participación en Electricaribe y García ya lleva más de 20 años trabajando con GNF en sus filiales en otros países. A la gerencia de la electrificadora llegó en 2011. 

Payares, a su vez, salió de la gerencia de operaciones que quedó en manos de Edgardo Sojo, quien fue designado por la Superintendencia como presidente de Electricaribe. 

Ahora, García y Payares deberán responder a la autoridad por varios temas que preocupan, como el estado de una empresa que tiene compromisos con los bancos por más de $1,8 billones. 

Entre los principales asuntos están la asignación de recursos de los fondos para Energización de Zonas Rurales Interconectadas (Faer) y el Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone), que no se habrían ejecutado en los tiempos previstos o que se habrían destinado a proyectos inconclusos. 

De igual forma, se incluiría una investigación preliminar por detrimento patrimonial que la Contraloría General de la República identificó en los recursos del Prone, que ascendería a unos $65.732 millones. 

Interrogatorios a alcaldes

La Dirección Nacional Anticorrupción también citó a los exalcaldes de Chinú (Córdoba), Orlando Medina; de Magangué (Bolívar), Marcelo Torres, y de Dibulla (La Guajira), Silvia Ospino. Esto, porque los mandatarios se habrían visto beneficiados con los recursos que debían ir a obras que aún no se entregan. 

De los tres citados, el exalcalde de Chinú es el único que se ha presentado ante la Fiscalía, mientras que en los casos de Torres y Ospino,  los abogados de las partes también están definiendo las fechas para los interrogatorios. 

EL HERALDO conversó con el exalcalde Medina, quien salió de su cargo el 31 de diciembre de 2015. Contó que se presentó ante la Fiscalía en Bogotá a finales de enero pasado junto a su abogado y allí tuvo que responder por la participación de su administración en la construcción de una subestación en el corregimiento Santa Rosa, en Chinú. 

Aseguró que entre Electricaribe y el Ministerio de Minas y Energía se firmó en 2012 un “convenio para beneficiar a varios municipios con la construcción de una subestación, pero el municipio de Chinú no firmó ese convenio. Nosotros solo tuvimos a cargo la gestión del lote o los lotes que se necesitarían, así como las servidumbres por donde pasaría las líneas que van a la subestación”. 

Aunque esta obra debía estar lista en 2015, Medina recuerda que cuando dejó su cargo en diciembre de ese año, la construcción no se había terminado, “estaba en un 70% u 80%”. 

Ante esta demora, la Fiscalía cuestionó la gestión de su alcaldía para facilitar los lotes y las servidumbres, lo que podría haber demorado las obras. 

Sin embargo, Medina asegura que su administración sí realizó las gestiones necesarias y que “las obras empezaron hasta mediados de 2014”. 

En cuanto a los cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos y la posibilidad de haberse beneficiado con estos, el exalcalde asegura con preocupación que el municipio “nunca recibió ni aportó recursos de ninguna índole para esas obras. Nosotros solo tuvimos a cargo la gestión del lote y las servidumbres de paso para las líneas que llegarían de otros municipios al corregimiento”. 

Silvia Ospino, exalcaldesa de Dibulla, contó a este medio que en su caso, Electricaribe manifestó la inversión de recursos para llevar electricidad a una comunidad indígena, pero que esta respondió no estar interesada en que les instalaran conexiones eléctricas. 

“Yo le dije a ellos que la comunidad no estaba interesada, así que no insistimos y las inversiones no se hicieron. Hubo un barrio que sí pidió ser normalizado por no fue una inversión mayor, en lo que yo recuerdo”. 

Sobre la citación de la Fiscalía, explica que envió dos oficios en respuesta, expresando que no se podía trasladar a Bogotá, pero que estaba dispuesta a atender el interrogatorio en La Guajira. “Ellos respondieron el segundo oficio que mandé diciendo que no había problema en trasladarse hasta aquí. Estoy a la espera de que me definan una fecha", concretó.

Cargos

Desde su declaración en enero, Orlando Medina no ha recibido ninguna notificación de la Fiscalía, por lo que está a la espera de que la Autoridad termine sus investigaciones e “impute cargos a los que considere que deba hacerlo”. 

Esto se daría una vez que la Fiscalía termine con los interrogatorios a los otros citados. 

A la par de estas indagaciones, la Contraloría General de la República adelanta una investigación a Electricaribe por el posible detrimento de los recursos del Prone. 

Y la lupa también se mantendrá sobre los cobros de la empresa en la factura, para que no se repita el caso de La Urbanización La Gloria, en donde Electricaribe cobró en 2015 por activos que son del Estado. Según evidenció en ese momento la representante Sara Piedrahita, unos 35.000 usuarios se vieron afectados por los cobros irregulares. 

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