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En la Región Caribe se han concentrado casos emblemáticos de la gestión de la Contraloría General de la República

Todos son casos vergonzosos: Reficar, el PAE, Electricaribe y manejo irregular de regalías. Y recientemente el "Cartel de la Hemofilia".
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La CGR ha impulsado el control fiscal ciudadano en esta región del país. Rendición de Cuentas.

Cartagena, 19 de agosto de 2016.- Para la Contraloría General de la República las irregularidades detectadas en el Programa de Alimentación Escolar –PAE en los 7 departamentos de la Costa Caribe son una gran vergüenza del enriquecimiento de unas mafias a costa de los niños.

Pero este es solo uno de los casos emblemáticos que la CGR ha detectado en la Región Caribe, durante el segundo año de gestión del Contralor Edgardo Maya Villazón.

Al desolador panorama encontrado en el mal manejo de los recursos del Programa de Alimentación Escolar –PAE, se suman casos como la pobre ejecución de los recursos asignados a Electricaribe para adelantar proyectos de normalización de redes eléctricas, el incumplimiento de las metas del Fondo Adaptación en el caso del Canal del Dique y La Mojana, el desperdicio de recursos de regalías en varios departamentos de esta zona del país y, más recientemente, la aparición del llamado "Cartel de la Hemofilia" en Córdoba.

Esto sin contar que la Contraloría adelanta actualmente una actuación especial sobre la construcción y puesta en marcha de la Refinería de Cartagena –Reficar, donde se trata de establecer si se incurrió en sobrecostos millonarios, como alertó inicialmente un estudio sectorial.

La CGR presentó hoy en Cartagena, en desarrollo de una Audiencia Pública de Seguimiento a los avances del Megaproyecto Canal del Dique, un balance de los resultados de su gestión en esta región, en su primera rendición de cuentas regional.

Principales temas de lucha contra la corrupción que ha enfrentado la Contraloría General en la Región Caribe

Reficar

Según el estudio sectorial realizado por la CGR, en USD 4.023 millones se habrían incrementado los costos de ejecución de la Refinería.

Se dio una verdadera feria de adiciones a contratos. Y se presentaron costos por adiciones en diferentes divisas: COP 1,67 billones, USD 185 millones y EUR 0,8 millones.
Durante el tiempo de ejecución, el proyecto tuvo 2.460 contratos.
El 18% de los contratos, más de 440, presentaron incrementos superiores al 100%. Incluso un contrato de servicio de andamios para el proyecto presentó un incremento de un 37.528%, al pasar de un monto inicial de cerca de $23 millones a $8.615 millones.
El próximo mes de septiembre estaría concluida la Actuación Especial que adelanta la CGR en Reficar.

Resultados de auditorías a manejo de recursos de Regalías

Un total de 73 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $25.236 millones de pesos detectó la Contraloría General de la República al revisar, durante el primer semestre de 2016, el manejo de los recursos de regalías en los departamentos de la Región Caribe.

Los hallazgos de mayor cuantía se concentran en el Cesar: 19 por $8.547 millones. Le siguen Córdoba, con 18 por $7.712 millones; La Guajira, 11 por $5.435 millones; Sucre, 19 por $2.519 millones; Magdalena, 1 por $692 millones; Bolívar, 3 por $249 millones; y Atlántico, 2 por $81 millones.

Los sectores más representativos en cuantía de hallazgos fueron: Transporte ($9.265 millones); Agua Potable y Saneamiento Básico ($8.556 millones); Vivienda, Ciudad y Territorio ($3.555 millones); Educación ($1.198 millones); y Cultura, Deporte y Recreación ($1.071 millones).

Electricaribe

Hallazgos fiscales por $65.732 millones encontró la Contraloría General de la República, al evidenciar que Electricaribe incumplió con la ejecución de los recursos públicos que se le asignaron para adelantar proyectos de normalización de redes eléctricas en la Costa Caribe, que debían beneficiar a 63.783 usuarios.

Así lo indican los resultados de una auditoría realizada durante el primer semestre de 2016 al Ministerio de Minas y Energía, donde el organismo de control evaluó lo concerniente a la entrega de activos del estado a terceros a través de la asignación de recursos del Programa de Normalización Eléctrica (PRONE).

La Contraloría consideró que hubo fallas por parte del Ministerio de Minas y Energía en la supervisión de la ejecución de estos contratos, teniendo en cuenta que los recursos destinados y pagados para la normalización de usuarios no cumplieron con el fin definido por el Programa de Normalización.

Unos $7.734 millones de pesos del Programa de Normalización Eléctrica (PRONE) que debía ejecutar Electricaribe, se encuentran en fiducias, y el resto de recursos, $141.135 millones, fue girado por estas a terceros autorizados por la empresa electrificadora

Programa de Alimentación Escolar (PAE)

Al revisar el Programa de Alimentación Escolar en la Costa Caribe, la Contraloría detectó hallazgos fiscales por $12.745 millones.

Niños que reciben como desayuno huevo con mango y comen en el suelo y alimentos preparados en cocinas improvisadas, son algunas de las situaciones que ha podido evidenciar la Contraloría General de la República. Esta situación en particular se detectó en una visita al municipio de Aguachica (Cesar).
Alimentos descompuestos, cocinas y comedores escolares inapropiados y con condiciones sanitarias deficientes; estudiantes que se quedan sin comer, carencia o escasez de frutas, proteínas y verduras en los menús, son otras situaciones detectadas en la Actuación Especial que sobre la operación del PAE con recursos del Ministerio de Educación y del Sistema General de Participaciones -SGP-, hizo la CGR en los departamentos de la Costa.
Los operadores entregan un menor número de raciones a las contratadas (el 57% en promedio) y cobran el 100%.
Son muy deficientes los controles sobre entrega de raciones, calidad y cantidad de los insumos del PAE, en esta región del país.
La mayoría de operadores del PAE en la Costa han sido contratados directamente y otros han sido únicos oferentes en procesos licitatorios; algunos hacen presencia simultánea en más de un departamento, cambiando su nombre en determinados casos, o conformando consorcios y uniones temporales en los que concurren los mismos.
PAE y paquetes nutricionales financiados con recursos del SGR en La Guajira

Se determinaron hallazgos fiscales por $16.792 millones.
Lo que más se evidenció son pagos de mayor valor por ración alimenticia. También entrega de raciones que no cumplen las condiciones de gramaje establecidas.
Los contratistas de la Gobernación de La Guajira, para 2014 y 2015, son las mismas Fundaciones sin ánimo de lucro que, aun ya habiendo sido cuestionadas por su gestión, se han unido en diferentes consorcios, para monopolizar las contrataciones.
El hallazgo fiscal de mayor cuantía es de $11.419 millones y corresponde a un contrato suscrito con el Consorcio Nutriendo Escolares de la Guajira, donde se pagó un mayor valor por ración.
Uno de los hallazgos en la entrega de paquetes nutricionales, es que se encontraron productos de origen venezolano, sin registro del INVIMA ni sanitario y, además, sin certificado de importación.
Sigue imperando la contratación directa para otorgar la operación del PAE, por parte de los municipios del departamento de La Guajira.
En municipios como Manaure y Uribia, los escolares no reciben todas las raciones contratadas y el operador cobra como si las hubiera entregado.

Cartel de la Hemofilia

Al aceptar falsos recobros de salud, LA Gobernación de Córdoba pagó $45 mil millones a dos IPS por tratamientos a supuestos pacientes hemofílicos
Con exámenes de laboratorios alterados, usando membretes de establecimientos de este tipo reconocidos, se probó la existencia de los supuestos pacientes ante la Secretaría Departamental de Salud, que no ejerció los controles debidos antes de pagar los millonarios recobros.
Los pagos irregulares se hicieron entre 2013 y 2015, directamente a dos IPS que parecieran haberse creado exclusivamente para este efecto, que posteriormente cambiaron de nombre, de representante legal o se desconoce por completo la dirección donde funciona su sede o lugar de trabajo.
El medicamento formulado no fue prescrito por el médico tratante, ni autorizado por la EPS a la cual se deberían encontrar afiliados los pacientes.
De acuerdo a las versiones que rindieron a la Contraloría, el médico hematólogo que aparece tratando a los supuestos pacientes hemofílicos y el laboratorio que habría hecho las respectivas pruebas, los defraudadores dejaron evidencias muy claras de la falsedad de la documentación que aportaron para hacer los millonarios recobros al departamento de Córdoba.
El médico nunca realizó las historias clínicas y la letra y firma que se le atribuye no es la suya.
Además, se advierte un claro error en la cantidad de aplicaciones recomendadas y las dosis formuladas no cumplen con los protocolos establecidos por la Federación Mundial de Hemofilia.
Los resultados son falsos, los pacientes no figuran en nuestros registros y las pruebas no se tomaron en nuestro laboratorio, aseguró el representante legal del laboratorio clínico de Montería.

También por recobros de salud: 4 IPS recibieron $10 mil millones por terapias para niños con necesidades especiales
Las irregularidades tienen que ver con el pago por terapias para niños con retraso mental moderado y profundo, así como con parálisis cerebral espástica y Síndrome de Down.
Se encontró que la Gobernación de Córdoba pagó más de $10 mil millones de pesos por terapias que tenían un componente por fuera del POS ("basadas en neurodesarrollo"), que no se cancelaron individualmente, como corresponde, sino por paquetes (de mínimo 50 y hasta 100 tratamientos), donde al cumplir 50 se hacía el total de pagos, con lo cual se cancelaron también tratamientos que no se realizaron.
Estos pagos por paquetes de terapias se acordaron incluso en documentos que no tienen ningún valor legal, como es el caso de un acta informal que suscribió el Secretario de Salud Departamental de la época, con la representante legal de una IPS, pactando las tarifas a pagar.
Participación Ciudadana en la Región Caribe

La Contraloría General de la República ha abierto distintos canales de participación a los ciudadanos de la Región Caribe, obteniendo los siguientes resultados, en el período comprendido desde junio de 2015 hasta mayo de 2016:

En los 8 departamentos que hacen parte de la región Caribe, se ha dinamizado el control fiscal participativo en el programa de alimentación escolar PAE y los proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico APSB.

En el programa PAE, mediante ejercicios de información a la ciudadanía, talleres de preparación y manejo de herramientas de diagnóstico y medición de los lineamientos del PAE directamente aplicados por la comunidad educativa; igualmente se han realizado Mesas de Trabajo con las instituciones responsables, tales como las Secretarias de Educación Departamentales y Municipales.

En el Departamento de Bolívar, se ha promocionado el control social en Cartagena, Magangué, Pinillos, María la baja, El Guamo, Turbaco, Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompox, Córdoba y San Jacinto.

En los proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico APSB, la Contraloría ha impulsado activamente el control fiscal ciudadano en proyectos inconclusos. En Bolívar, por ejemplo, se apoyó la conformación de veedurías para hacer control a acueductos y vigilancia al suministro de agua potable con calidad, oportunidad y total cobertura en los municipios de Turbana, San Jacinto, Pinillos, Mompox, Talaigua Nuevo, Cicuco, Santa Catalina, Clemencia, San Juan de Nepomuceno y El Carmen de Bolívar.

Por otra parte, en la estrategia de promoción del control social a los programas orientados a la población con discapacidad, se activó el mecanismo de participación en los departamentos de Atlántico, Cesar y Bolívar, con la realización de mesas interinstitucionales y audiencias informativas de los programas que el gobierno adelanta en sectores como salud, educación, accesibilidad y transporte, etc., con presencia de las instituciones responsables. Actualmente se adelanta un proceso de capacitación en control social, construcción de indicadores de atención que demuestran la escaza atención del Estado dirigida a esta población diferenciada.

De la misma manera, avanza el Control Fiscal Participativo con veedurías especializadas en el seguimiento a los programas de promoción y desarrollo de Vivienda de Interés Prioritario con calidad y cobertura, en varios proyectos en departamentos de Cesar y Bolívar. En este último departamento, se inició el seguimiento a proyectos específicos en los municipios de Magangué, Santa Rosa del Sur y San Jacinto.

Cabe también señalar el apoyo y fortalecimiento de las veedurías en el seguimiento a obras de infraestructura de importancia para la región, tales como la vía Zanjón- Pueblo Bello, en el César, y el hospital Eduardo Arredondo Daza, en Valledupar.

Finalmente, se destaca el control que ha ejercido la CGR a los recursos del SGP destinados a la población de la Guajira y la intervención de la veeduría ciudadana en la problemática del Arroyo Bruno, en este mismo departamento.

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