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¿Qué pasará con la plata de las Farc?

La finca Villa Nohora, en el municipio de San Vicente del Caguán, podría ser entregada a las víctimas de las Farc.
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La preocupación estatal y de la opinión pública por la contabilidad de la guerrilla creció con los diálogos de paz, ante la posibilidad de que ese grupo aceptara reparar a las víctimas. La primera sorpresa fue que nadie tenía claro cuánta plata movían las Farc.
Una conclusión del informe “Breve repaso por las finanzas de las Farc”, elaborado por el Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada (2012), reza: “la inserción en todos los campos de la economía legal e ilegal está planteada desde hace muchos años, lamentablemente no se ha hecho un seguimiento pormenorizado y completo, por ello a la fecha es difícil determinar con exactitud en dónde están los recursos de las Farc inmersos en la economía legal”.
El fiscal (e) Jorge Perdomo lo dijo de manera más cruda en televisión: “esa investigación nunca se había hecho en Colombia, nadie se había preocupado por cuánta plata tenían las Farc”. Esta frase podría aplicarse a otras organizaciones como el Eln, las Auc, “los Urabeños”, “la Oficina” o “los Rastrojos”, sobre las cuales tampoco existe un consolidado de activos elaborado por las autoridades, algo que en el fondo refleja una debilidad en la estrategia estatal.
El pasado 29 de octubre, el entonces director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Luis Edmundo Suárez, manifestó en un evento del gremio que urgía fortalecer las instituciones ante la firma del acuerdo de paz: “este es un desafío gigantesco, porque se debe atacar de frente el lavado de activos en el posacuerdo”; sin embargo, decirle en abril a una periodista de The Economist que la fortuna de las Farc podría rondar los US$10.500 millones le costó el cargo, ante la furia que esa revelación causó en los negociadores farianos y el Gobierno.
En consecuencia, la Uiaf expidió un comunicado el 19/4/16 señalando que “no ha realizado estudios relacionados con las finanzas de las Farc. En diferentes momentos, la Uiaf ha hecho estimaciones que no han arrojado resultados concluyentes que permitan dar cifras confiables, debido a la falta de información, la poca fiabilidad de algunas fuentes y las inconsistencias en los datos”.
Ni siquiera la Oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen, que tiene sede en el país y cuyo propósito es el estudio de estos fenómenos, tiene un estimativo al respecto. “La oficina no ha trabajado en detalle ese tema”, respondieron a la consulta de este diario.
La Fiscalía solo hasta 2015 comenzó a unificar la información sobre las finanzas, analizando el periodo 2004-2014, y verificando datos de los computadores de “Raúl Reyes”, “el Mono Jojoy” y otros dispositivos incautados en las operaciones militares Raudales (2014), Plutonio y Argos II (2015). Apenas el pasado junio concluyó que el narcotráfico era la principal fuente de financiación de los subversivos y documentó una parte de los ingresos por US$22 millones.
En EE. UU. llevan otras cuentas hace años: en 2002, el entonces director de la DEA, Asa Hutchinson, presentó un discurso sobre el narcoterrorismo ante el Instituto para los Estudios Internacionales (Washington), en el que aseguró: “el Departamento de Estado estima que las Farc reciben US$300 millones al año por la venta de drogas”. Esa cifra equivale a $9 billones a la tasa de cambio actual.
Y en 2006, cuando la Corte Distrital de Columbia abrió cargos por narcotráfico contra 50 líderes del Secretariado, el Estado Mayor y algunos frentes, los acusó de importar a esa y otras naciones más de US$25.000 millones en cocaína, como proveedor del 60 % de la droga que ingresaba a suelo estadounidense.
“Iván Márquez”, jefe negociador de ese grupo en la isla, declaró en diciembre a la BBC que “las Farc no tienen dinero. Se dice que tenemos cuentas bancarias, que tenemos mucho dinero en paraísos fiscales, ¿qué le hemos dicho nosotros al Gobierno o a sus plenipotenciarios en la mesa de conversaciones?: ‘todas las cuentas bancarias de las Farc en esos paraísos fiscales pueden tomarlas y colocarlas al fondo de reparación, todas’. Pero es que nosotros no tenemos. Sencillamente, producto de una campaña mediática se piensa que las Farc tienen mucho dinero, y eso no es así”.
La evidencia muestra que la organización ha movido dinero durante al menos dos décadas por cuatro continentes y decenas de departamentos colombianos, lo que arroja la pregunta: ¿qué pasará con esa plata una vez se selle el Acuerdo Final de La Habana?
El acuerdo sobre las víctimas y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), firmado en Cuba, señala que las Farc se comprometen con la reparación integral a las víctimas. Precisa que en los Tribunal de Paz deberán decir la verdad sobre sus actividades, si es que quieren obtener beneficios jurídicos. Ocultar información de los bienes y finanzas, en este caso, podría generarles problemas.
Y el punto sobre el Problema de las Drogas Ilícitas, también pactado ya, contempla la creación de una “Estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos”, en la cual se presume que los guerrilleros reinsertados van a colaborar.
Vale la pena preguntarse si las propias Farc tienen un consolidado total de sus finanzas. En una “empresa” donde extraviar o hurtar el dinero “para la revolución” supone un juicio de guerra para el implicado, se presume que las cuentas deberían manejarse de forma milimétrica.
No obstante, un investigador de la Fuerza Pública, quien solicitó la reserva de su nombre, explicó: “hasta 2010 era común que la plata recaudada llegara a los jefes de bloques en grandes tulas o costales, para que estos lo distribuyeran después a cada frente; pero con la intensificación de los bombardeos a sus campamentos, empezaron a perder mucha plata, a veces los ‘caleteros’ se escapaban con los bultos de dinero o este era incinerado por las explosiones”.
La estrategia insurgente para evitar estas fugas de capital fue darle más autonomía a cada uno de sus 80 frentes y columnas móviles, “que cada uno recaudara su dinero y se autoabasteciera, enviando un porcentaje al Secretariado”, indicó el agente.
La descentralización de la fortuna trajo inconvenientes. Al poner grandes sumas en muchas manos comenzaron a aparecer los “nuevos ricos” en las Farc, dándose lujos que no podía tener el resto de la guerrillerada, como pasó con “John 40” y “Richard”.
También hubo casos como el del frente 57, en Chocó, en el que su cabecilla financiero, alias “Silver”, ocultó millones de dólares y kilos de oro en varias caletas enterradas. Al morir en una operación militar (2013), sus camaradas se quedaron sin saber dónde quedó el botín, por lo que tuvieron que organizar brigadas de búsqueda en la selva del Darién, cavando huecos a ciegas.
Otra de las inquietudes es si la guerrilla usará parte de sus ahorros para el montaje de su futuro movimiento político y la supervivencia de sus líderes reinsertados (salario y pensión), o si toda esa plata tendrá que ir al fondo para las víctimas.
Una fuente del Gobierno cercana a los diálogos de paz, que habló bajo condición de reserva por las restricciones acordadas en la mesa, acotó que “en este momento se está construyendo el acuerdo sobre reintegración, de ahí que el tema sobre cuáles serán los recursos con que ellos van a subsistir en su fase de reintegración está en discusión”. Por ahora, EE. UU. y la Unión Europea manifestaron interés en financiar la transición.
Los empresarios implicados
¿Qué pasará con los empresarios y las compañías sancionadas con la Lista Clinton por supuestos nexos con las Farc, una vez termine el conflicto?
El embajador de EE. UU. en Colombia, Kevin Whitaker, respondió que “no hay nada de automático en eso, pero si una persona o entidad sancionada demuestra que ya no está haciendo esas actividades, tiene el derecho a través del Departamento de Justicia de pedir que se borre de la Lista”.
Y frente a esta duda: ¿si las Farc firman este acuerdo, automáticamente dejan de ser una organización terrorista para ustedes?, el embajador reiteró que “tampoco hay automaticidad, si las Farc firman el acuerdo, terminan sus actividades violentas y cooperan con sus obligaciones en el posacuerdo, sería normal ver cuál es la relación entre esa designación (de terroristas) y la condición actual”.
La fuente del Gobierno precisó que “la designación en la Lista Clinton es una decisión política de EE. UU. y tiene su total discrecionalidad para incluir o excluir”, y agregó que la “Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) juzgará responsabilidades individuales, no colectivas, de ahí que la JEP no analizaría responsabilidades de personas jurídicas, como empresas y demás”.
Pese a esto, el acuerdo estipula que “terceros civiles” que hayan patrocinado a grupos armados y participado en delitos, puedan acogerse a la JEP y asumir su responsabilidad penal individual ante el Tribunal; una vez se determine su participación en los hechos, tendrán deberes similares a los demás, incluyendo la reparación de las víctimas, y el juez podría ordenarles la entrega de bienes y valores.
Varias de las empresas sancionadas con la Lista Clinton han sido retiradas con el paso de los años, cuando los ejecutivos sospechosos dejaron sus cargos o bien los propietarios lograron demostrar que la entidad ya no tenía nexos con la ilegalidad.
¿Y la Cominter?
Una de las dudas que surge al analizar las redes internacionales de las Farc, es el futuro de sus delegados en el extranjero. ¿Será que también irán a una de las zonas de concentración acordadas en la isla, junto a los demás combatientes? ¿O quizá se quedarán en el exterior, a manera de representantes del eventual movimiento político de los reinsertados? ¿Cómo van a seguir financiándose por fuera del país?
EL COLOMBIANO envió esa y otras consultas a la delegación fariana en La Habana, y al cierre de esta edición no había llegado su respuesta. Estamos atentos a conocer su opinión.
Entretanto, el Gobierno afirmó que al momento de la desmovilización, la guerrilla tendrá que entregar el listado de sus integrantes, “que permitirá la aplicación de los mecanismos de justicia transicional y amnistía, cuando se trate de delitos amnistiables. En ese marco ingresan todas las personas de las Farc, independiente de que estén fuera del país o no”.
Y sobre la posibilidad de que tengan representación política en el exterior, la fuente gubernamental recordó que aunque el subpunto de reintegración no ha sido acordado, lo lógico es que una vez dejen las armas y resuelvan su situación jurídica, los exrebeldes tendrán los mismos derechos de un ciudadano cualquiera, lo que incluye la posibilidad de hacer proselitismo político en Colombia y el exterior.
Eso sí, no está resuelto qué pasará con aquellos que tienen investigaciones penales y órdenes de captura pendientes en otros países, como Rodrigo Granda y “Hermes”, quienes tienen procesos abiertos en Paraguay por el asesinato de Cecilia Cubas, ni se sabe cuándo EE. UU. archivará los pedidos de extradición contra las decenas de cabecillas que tiene en la mira por secuestro, lavado de activos y narcotráfico.

NELSON RICARDO MATTA COLORADO
Egresado de la U.P.B. Periodista del Área de Investigaciones, especializado en temas de seguridad, crimen organizado y delincuencia local y transnacional.

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