miércoles 17 de enero de 2018 - Edición: Colombia - Mundo
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David Turbay beneficiará a trabajadores y jubilados

El candidato a la Presidencia de la República David Turbay Turbay, explicó hoy en Sincelejo las bases del modelo económico basado en la Felicidad, que está proponiendo para Colombia.
Los pensionados colombianos son hoy un contingente de tristeza. Cada mes los vemos en las filas de los bancos esperanzados en una mesada, que en vez de alegrarlos, los frustra, dijo Turbay Turbay

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La economía colombiana siempre se ha pensado desde las empresas. Por eso todas las reformas laborales y pensionales que se han hecho en el país, han tenido como propósito rebajar los costos de producción de comerciantes e industriales. La idea ha sido favorecer a los productores para que estos, de contera, contraten más trabajadores y ofrezcan mejores salarios.

 

Pero eso no ha ocurrido en la práctica y cada vez son más elocuentes los capitales privados en los paraísos fiscales, a donde han ido a parar finalmente los beneficios otorgados por el Estado.

 

En consecuencia, la economía viene dando bandazos, con evidentes síntomas recesivos.

 

En el año 2016 el Producto Interno Bruto apenas creció un 2%, por la razón más sencilla de todas: la base, que son las familias colombianas, se están quedando sin capacidad adquisitiva para mover la economía, porque el Estado ha descuidado a los ciudadanos mientras ha consentido a los grandes capitales.

 

Lo que proponemos es un nuevo modelo económico basado en la búsqueda de la felicidad. Es un modelo pensado desde los trabajadores, para que sean ahora sus ingresos estables y dignos los que activen el ciclo virtuoso de la economía: si los trabajadores tienen mejores ingresos, habrá más capacidad adquisitiva, las empresas venderán más y producirán más y emplearán más, y en Tanto el Estado contará con más recursos para hacer inversiones sociales, estaremos entre todos fomentando el ahorro nacional.

 

 2.    Nuevo política salarial

 

Para ello el Estado debe hacer  una decidida intervención al mercado laboral, para aliviar la carga que llevan sobre sus hombros los trabajadores colombianos. La idea es zanjar las brechas sociales que existen en el país, por la vía del ingreso básico de las familias.

 

En primer lugar incrementaremos el salario mínimo en un 50% por ciento, lo que elevaría la remuneración básica de los colombianos por encima del millón de pesos.

 

Esto no es una locura. Me dicen que es populismo, que la inflación se va a disparar. Esas son las mentiras que han perpetuado el actual sistema. Pues el Estado tiene formas de controlar los precios mediante regulación directa o importaciones temporales.

 

La locura ha sido mantener históricamente un nivel de crecimiento empobrecido del salario básico de los colombianos.

 

Las cifras hablan por sí solas: La mitad de los 11 millones de trabajadores colombianos devenga un salario mínimo, y el 84 por ciento menos de dos salarios mínimos.  Tres de cada 10 colombianos viven hoy con menos de cinco mil pesos diarios. He ahí las razones de un crecimiento económico tan pobre como el que tenemos y, peor aún, de equidad social.

 

Mientras en Estados Unidos los empleados de la industria gastronómica ganan 15 dólares por cada hora de trabajo, en Colombia aún no llegamos a 5 dólares.

 

El rezago también es frente a los países de América Latina. El salario mínimo mensual en Chile es de  379 dólares; en Argentina, de 455 dólares; y en Panamá, de 529 dólares.

 

Países con nivel de desarrollo inferior como Ecuador, Uruguay y Guatemala, están llegando ya a los 400 dólares mensuales, y sin embargo Colombia está plantada desde hace mucho rato en 245 dólares.

 

Eso ocurre porque las decisiones sobre el incremento del salario mínimo han venido guardando una fidelidad inconcebible a un modelo económico neoliberal, inspirado en los principios de la Escuela de Chicago. El postulado indica que si una economía se permite un alto crecimiento salarial, produce un doble efecto: por un lado dispara la demanda y pierde el control de los precios y, por el otro, aumenta los niveles de desempleo.

 

Es hora de cambiar nuestros referentes. En adelante la única escuela que regirá los destinos de la economía nacional, será la colombiana.

 

Con un incremento del 50 por ciento, el salario mínimo, que actualmente está en $737.717, pasaría a 1.106.575 sin incluir el subsidio de transporte.

 

En segundo término, habrá un salario mínimo profesional. Tramitaremos una ley ante el Congreso de la República que fije un salario mínimo profesional para quienes egresen de las universidades del país.

 

El país viene haciendo un enorme esfuerzo por profesionalizar la mano de obra.

 

Antes de la Constitución de 1991, apenas 15 de cada 100 bachilleres podía ingresar a una universidad, que por lo general era pública. La tasa de cobertura de hoy es del orden del 40 por ciento en algunas ciudades, gracias, principalmente, a la oferta de universidades privadas.

 

Ayer no más el gobierno del presidente Santos anunció que el programa Ser pilo paga que ha vinculado a la educación superior a 40 mil bachilleres, será una política de Estado, lo cual aplaudimos porque necesitamos que los jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 vayan a la universidad.

 

De las universidades y instituciones universitarias, egresan cada año entre 180 mil y 200 mil magisteres, especialistas, profesionales, técnicos y tecnólogos.

 

La ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, mal llamada Ley del primer empleo, pretendía aumentar el nivel de ocupación de los profesionales colombianos, pero la tasa de desempleo de los jóvenes del país en lo corrido del año es de 15,9%, es decir, más de cuatro punto por encima de la tasa de desempleo nacional.

 

Esa ley legisla sobre la formalización de la actividad de las pequeñas industrias; debería llamarse, por tanto, “ley de la primera empresa”. Pero excluye de su cobertura a las grandes industrias. Y su gran debilidad es que ignora el sensible aspecto salarial.

 

Los sueldos en promedio para un profesional recién egresado que logra emplearse, oscilan entre 800 mil y 900 mil pesos, según los observatorios laborales del país. Las empresas, adicionalmente, los vinculan a través de bolsas de empleo para atenuar sus responsabilidades prestacionales.

 

Tenemos, entonces, un mercado laboral que castiga y explota. Ese es el mismo tratamiento que recibían los aprendices de las primeras empresas del siglo XVII.

 

Lo que propongo, en consecuencia, es una nueva ley que establezca como un primer sueldo para estos profesionales, el equivalente a 2.5 veces el salario mínimo vigente en Colombia.

 

Con el mínimo actual, sin el aumento que hemos propuesto, la remuneración profesional arrancaría en aproximadamente $1.800.000.oo.

 

Se trata de una remuneración apenas justa para quienes han terminado estudios superiores después del enorme esfuerzo que han hecho sus familias y desean mejores condiciones de vida para ellas.

 

La tercera propuesta es un subsidio para los desempleados colombianos, a la sazón del que funciona en países como Alemania, Francia, Italia o España y, más cerca, en Argentina, Brasil o Chile.

 

Quienes pierdan su empleo y cumplan al menos con 360 días de cotización ante el sistema de salud y pensiones, accederán a la ayuda estatal, que en ningún caso excederá el millón de pesos.

 

El subsidio será financiado con un fondo que constituirá la Nación a partir de los rendimientos de sus inversiones y las recuperaciones que hará en la lucha contra la corrupción y la evasión.

  

El beneficiario quedará inscrito en una Bolsa Nacional de Empleo que creará el gobierno para hacer intermediación laboral y garantizar un acceso equitativo de los desempleados a las oportunidades de trabajo.

 

La Bolsa se encargará de gestionar la nueva colocación de los desempleados en el mercado laboral. El ciudadano que haga parte del sistema solo podrá rechazar dos ofertas de trabajo que intermedie el Estado; si no acepta la tercera, perderá el subsidio, que del mismo modo se levantará si el desempleado consigue trabajo por su propia cuenta.

 

De acuerdo con nuestros cálculos, cada año se evaden en Colombia alrededor de 15 billones de pesos, que equivalen al 39% de las contribuciones que deberían hacer las empresas y las personas naturales a la administración tributaria. Cada punto que logren bajar representa casi 500 mil millones de pesos.

 

Por su parte la corrupción se lleva años tras año, otros 33,6 billones de pesos en sobrecostos y comisiones, esto es, el 15% del presupuesto general de la Nación.

 

Parte de esos recursos entrarán a financiar el Fondo.

 

3. Protección a los pensionados de Colombia.

 

Los pensionados colombianos son hoy un contingente de tristeza. Cada mes los vemos en las filas de los bancos esperanzados en una mesada, que en vez de alegrarlos, los frustra. Al pie van los agiotistas que al fin de cuentas son los que se comen el ingreso de los extrabajadores del país con intereses escandalosos y ladrones. Y mientras la lógica indica que el Estado debe protegerlos, ese Estado, más usurero aún, les acaba aumenta los impuestos para financiar su corrupción.

 

Pues, en mi gobierno, los pensionados serán una clase privilegiada.

 

En primer lugar detendremos la carrera alocada de ciertos burócratas para aumentar la edad de jubilación. Esto es un  absurdo: queremos que los trabajadores vayan a descansar, pero cada vez le quitamos más años para ese disfrute. En mi gobierno las mujeres se jubilarán a  los 57 años y los hombres a los 62, tal como está hoy en día.

 

Los jubilados, en segundo término, NO pagarán impuestos por sus mesadas. Eliminaremos la tasa que el gobierno acaba de aumentar absurdamente al 10%. Este será el homenaje que le rinda Colombia por los servicios prestados al país.

 

Pero los jubilados seguirán siendo productivos. Estimularemos la creación de una agencia nacional de consultoría, con la vinculación voluntaria de los pensionados, que le prestará servicios a las empresas públicas y privadas, con el conocimiento y la experticia que poseen estos servidores.

 

Los jubilados no irán a la trastienda: seguirán siendo productivos, con sujeción, en este caso, a las normas impositivas que establezca nuestra legislación.

 

Con esto buscaremos formalizar la vinculación de los trabajadores al Sistema General de Pensiones. De los 22 millones de trabajadores que tiene el país apenas 7 millones cotizan al Sistema, lo cual es apenas explicable por las inconsistencias del actual régimen.

 

4.    Reglas de juego estables para las empresas

 

Las empresas colombianas han venido siendo sometidas a reglas de juego inestables. Cada dos o tres años, por ejemplo, hay una reforma tributaria en Colombia. Esto crea una sensación permanente de incertidumbre para la inversión.

 

Vamos a tener una mesa permanente de concertación empresarial, de la que se derivarán, de entrada, reglas de juego estables. Por ejemplo, vía tributos. Con el concurso de los empresarios diseñaremos la última gran reforma tributaria de Colombia, proyectada para el largo plazo. Será una reforma estructural en la que pondremos al país a discutir sobre los escenarios modernos de la tributación.

 

Nos hablan de una administración tributaria moderna, que cada cierto tiempo está aumentando tarifas y creando nuevos tributos. Eso es incoherente.

 

Acabaremos con  los impuestos confiscatorios y unificaremos los gravámenes dispersos en las entidades territoriales.

 

Las empresas, además, contarán con exenciones tributarias para la importación de insumos y materias primas, y volverán los estímulos para las organizaciones empresariales que exporten en un entorno global que cada vez se complejiza más.

 

Adicionalmente trabajaremos en una tasa de cambio diferencial, que permita la exportación sin afectar a los importadores.

 

Entendámoslo:

 

  • El capitalismo económico global, que lleva 200 años en Colombia, fracasó; vamos a apostarle a un modelo económico colombiano, construido desde la base, que erradique las falsas ideas apocalípticas sobre el salario.
  • Hoy todos los países están pensando en sus propios ciudadanos. Ahí está el giro de la economía norteamericana y el rechazo nacional en Europa al bloque común.
  • Los que me llaman populista son los que por ignorancia o excesivo amor capitalista, han perpetuado un modelo económico que se ha ensañado con la clase trabajadora y ha negado que la abundante riqueza producida por décadas, se redistribuya.
  • El nuestro es un modelo económico que concilia y que reconoce el aporte sustancial de las empresas; por eso, las blindará frente a las amenazas que se están generando ya desde el propio entorno global.
  • Entre todos vamos a hablar de la Felicidad Nacional Bruta, en vez de Producto Nacional Bruto.

 

Sincelejo, 7 de abril de 2017.

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