miércoles 17 de enero de 2018 - Edición: Colombia - Mundo
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Director de Restitución le responde a la Procuraduría.

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"Trabajamos con transparencia y rectitud para cumplirle a las víctimas del conflicto”. Esa fue la respuesta de Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras frente al pliego de cargos del que fue notificado recientemente por la Procuraduría General relacionado con supuestas irregularidades en un convenio firmado con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Según el Ministerio Público, el director de la Unidad de Restitución no aplicó la ley en la formación, adjudicación, celebración, ejecución, pago y liquidación del convenio de cooperación firmado con la OIM para realizar un acompañamiento en proyectos productivos a familias beneficiarias de restitución de tierras por eso calificó la posible conducta como gravísima, toda vez que se habría eludido la realización de una licitación pública.

Sin embargo, la Unidad ha explicado que dicho convenio se realizó aplicando las normas de la OIM como está permitido por las leyes colombianas. Por eso, asegura su director, no tienen ninguna preocupación.
“Estoy absolutamente tranquilo porque existen las pruebas suficientes para demostrar que el trabajo que he liderado en la entidad se cumple bajo todos los protocolos legales, atenderé a todas las inquietudes del ente de control” sostuvo Sabogal Urrego.

Reiteró, además, que el acuerdo suscrito entre la OIM y Colombia en el 2011 dio vía libre a la suscripción de convenios bajo la normativa del ente internacional. “La OIM, es uno de los entes en el mundo que más sabe sobre desplazamiento forzado y despojo de tierras. Colombia ratifica este tipo de convenios a través de la Ley 1441 de 2011 y en su momento, la misma Procuraduría avaló esta actuación”, precisó.

En la respuesta a la Procuraduría, Sabogal menciona también que no entiende por qué el ente investigador solo hizo público este tema y no la otra investigación que tiene en su contra por el caso del magistrado Jorge Pretelt, en la que se presume cometió irregularidades al ordenar investigar si hubo o no despojo de tierra por parte del magistrado cuando consiguió unas propiedades en el Urabá antioqueño.

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