miércoles 17 de enero de 2018 - Edición: Colombia - Mundo
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La nueva posición teórica de la Corte Suprema de Justicia en materia de responsabilidad Civil Extracontractual

La Sala Civil de la Corte Suprema ha reformado el precedente pacífico que venía esbozando en materia de responsabilidad civil extracontractual
Responsabilidad civil extracontractual

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Es usual que las máximas corporaciones judiciales varíen su posición frente a un punto de derecho; bien lo sostenía el profesor italiano Gustavo Zagrebelsky al esgrimir que, en últimas, el derecho es un fenómeno cultural que se adapta a las necesidades específicas de cada época.

La Sala Civil de la honorable Corte Suprema de Justicia no es la excepción, pues, recientemente varió su posición frente al análisis del daño e indemnización en materia civil y, por ello, en este artículo nos ocuparemos de examinar la sentencia que volcó el precedente pacífico de la Corte. Huelga precisar que la sentencia objeto de análisis resuelve la discusión judicial presentada entre los familiares de una paciente fallecida y el cuerpo médico de una reconocida clínica de la ciudad de Medellín, quien fuere diagnosticada erróneamente durante un prolongado número de días, lo que le ocasionó una peritonitis aguda y su posterior deceso. 

  • Antecedentes históricos de la responsabilidad civil extracontractual

En primer lugar, la Corte Suprema al casar la sentencia y emitir la respectiva sentencia sustitutiva realizó una análisis histórico de la evolución jurídica de la responsabilidad civil extracontractual a nivel global, arguyendo que ni en el derecho romano clásico o en las últimas épocas de justinianeo ha existido una clásula general de responsabilidad, dado que solo se encontraba la regla alterum non leadere (no dañes a nadie) entendida, más bien, como un precepto de moralidad; en ese entendido, los delitos privados del antiguo ius civile solo producían una responsabilidad por dolo. Sostiene la Corte que ni siquiera en la mentalidad postclásica aún no había cabida para una obligación que pudiese producirse por sí misma sin la voluntad de la persona que ha de ser vinculada, por lo que faltarían muchos siglos de evolución jurídica para que la ley fuera considerada fuente formal de obligaciones y no fue sino en el periódo del derecho común cuando los juristas comenzaron a hablar de un principio fundante de la responsabilidad civil, influídos por la filosofía iusnaturalista.

  • La clásula general de la responsabilidad extracontractual

En este aparte, el magistrado ponente anota que esa regla acuñada en el ius civile entendida como "no dañes a nadie", tomó especial relevancia al transformarse en un principio jurídico que devino en la clásula denominada "a nadie hagas algo injusto", lo cual, supone que todo daño realizado debe ser resarcido, idea que influyó sobre el Código de Napoleón y las legislaciones que en él se inspiraron (entre esas, la nuestra). 

  • Elementos de la responsabilidad civil 

Para que el perjuicio que sufre una persona pase a ser responsabilidad de otra se debe acreditar (i) la presencia de un daño jurídicamente relevante que (ii) sea normativamente atribuíble al agente a quién se demanda la reparación y que la (iii) conducta generadora del daño sea jurídicamente reprochable. Ahora, por presencia de un daño jurídicamente relevante se entiende, en palabras de la Sala Civil de la Corte, como una lesión a un bien jurídico que goza de protección constitucional o legal, de suerte que dicha transgresión faculta a su titular para exigir su indemnización por la vía judicial, es decir que el bien vulnerado ha de tener un valor para el derecho, y tal situación se deduce del amparo que el ordenamiento le otorga. y, entonces, el critero para establecer la existencia del daño es normativo; lo que quiere decir que los valores principios y reglas del propio sistema jurídico dictan las pautas para determinar lo que debe considerarse como un daño. La tesis antes esgrimida es disimil frente a la posición que en su momento había mantenido la Corte, pues, en otras decisiones ésta había defendido que "para la configuración de la reponsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias y vasta la ocurrencia física del hecho dañoso para su configuración, sin considerar otros aspectos " (Cas. Civ., sentencia de cuatro (4) de abril de 1968, CXXIV, 62). En ese orden de ideas el daño, además de ser un fenómeno físico, entonces, también es un fenómeno jurídico y, por tanto, no debe entenderse como un simple fenómeno de orden físico. Respecto a la (ii) atribución del daño a un agente tenemos que, en este punto, la posición varió sustancialmente; en Colombia siempre se había explicado la configuración fáctica del daño derivado de la responsabilidad civil extracontractual desde la teoría de la causalidad adecuada (la cual, en su momento, relevó la teoría de la equivalencia de condiciones), teoría que consiste en que el acto o hecho dañoso está directamente relacionado con el resultado. Sin embargo, la Corte, parece relevar esta posición al explicar que "la causalidad adecuada que ha sido adoptada por nuestra jurisprudencia como explicación para la atribución de un daño a la conducta de un agente, debe ser entendida en términos de causa jurídica o imputación, y no simplemente como un nexo de causalidad natural (...) La causa jurídica o imputación es el razonamiento medio del caul se atribuye el resultado dañoso de un agente a partir de un marco de sentido jurídico. Entonces, a partir de esa afirmación, la Corte pretende que la conducta a la que se atribuye la consecuencia lesiva asuma el signifciado de hecho jurídicamente relevante imputable a un agente que tenía el deber de actuar de acuerdo con la función que el ordenamiento le asigna1, es decir, podríamos hablar acerca de la irrupción de la posición de garante; figura ampliamente reconocida en el ordenamiento jurídico penal2. En cierta forma la presencia de una figura como ésta, en materia de responsabilidad civil extracontractual, podría aliviar la excesiva carga de la prueba que asume el demandante cuando emprende una acción tendiente a solicitar la reparación de los perjuicios por negligencia médica o, bien, en casos similares donde el sujeto que ocasione el daño tenga que actuar con la función que el respectivo ordenamiento le asinga. De hecho, la Corte afirma en la misma sentencia que "es un principio general que no hay responsabilidad civil por las inactividades salvo que en el demandado se encuentre bajo un deber legal preexistente o tenga la posición de garante respecto de quien sufre el perjuicio". Entre otras cosas, de lo anterior, podríamos entender que no se valora la conducta de quién creó un riesgo jurídicamente desvalorado y realizado en un resultado concreto lo que implica que la sea inaplicable, per se, la teoría de la imputación objetiva en el campo civil dado que la tesis de la imputación normativa consiste en realizar el juicio sobre como atribuir un hecho a sujeto. De conformidad con lo anterior ¿Quiénes podrían detentar la posición de guardian en materia civil? Frente a esto la Corte señala que, por ejemplo, las normas de familia le asignan obligaciones de ayuda mútua entre los cónyuges; o a los padres, tutores y curadores hacia los hijos u otros sujetos bajo su cuidado; los deberes de protección a cargo del empleador; las obligaciones de seguridad de los establecimientos comerciales y hospitalarios; la obligación de prestación de una atención en salud de calidad que la Ley 100 de 1993 impuso a las organizaciones proveedoras de servicios médicos; las situaciones que consgran los artículos 2343 y siguiente del Código Civil; o las que ha establecido la jurisprudencia, tales como el concepto de "guardían de la cosa". 

 

En conclusión pasamos, en materia de responsabilidad civil extracontractual, de la teoría de la causalidad adecuada (El daño tuvo una relación directa con la desmejora en la persona o hubo decrecimiento de su patrimonio) a la teoría de la imputación normativa (Además de la relación directa entre el daño y el resultado, también es responsable quien conforme a las normas prexistentes tiene una función específica dentro de la sociedad; por lo que no basta actuar conforme a protocolos o con suma diligencia para ser exonerado)

 

 

 

 

 

 

 1. Sobre este punto recomendamos examinar la conferencia del profesor García Amado a cerca de la imputación objetiva en derecho civil, disponible en la red. 

2. Al respecto ver el artículo 25 de la Ley 599 de 2000. 

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